Boletín SciELO-México

07/10/2026

U.S.A. vs MÉXICO: Alabama obliga a los empleados estatales a decir «Golfo de América». Las universidades no están exentas

Publicado en Inside Higher Edhttps://www.insidehighered.com/news/government/state-policy/2026/10/07/alabamas-new-gulf-america-mandate-impacts-colleges?utm_source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=fd0cf0e9bd-DNU_2021_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc04421-fd0cf0e9bd-236508634&mc_cid=fd0cf0e9bd&mc_eid=500f40f7917 de octubre de 2026Alabama obliga a los empleados estatales a decir «Golfo de América». Las universidades no están exentasLos legisladores republicanos afirman que el profesorado solo puede llamarlo Golfo de México «con fines históricos» en los cursos académicos. Los periodistas también están sujetos a esta restricción.Por Ryan QuinnLa Ley 2 de la Cámara de Representantes de Alabama, que entró en vigor la semana pasada, exige que «todas las entidades estatales y locales y sus empleados» llamen al Golfo de México «Golfo de América». Las universidades no están exentas.Fotomontaje de Justin Morrison/Inside Higher Ed | Library of Congress/Chicago: Rand McNallyLa Ley del Golfo de América de Alabama entró en vigor la semana pasada, estableciendo como política estatal utilizar el término preferido por el presidente Trump para referirse al Golfo de México.La Ley 2 de la Cámara de Representantes (House Bill 2) exige que «todas las entidades estatales y locales y sus empleados» «se refieran al cuerpo de agua que limita con la costa de Alabama como el “Golfo de América”» y que incorporen esta «terminología en todos los mapas, documentos, materiales educativos, sitios web, comunicaciones oficiales y demás recursos de nueva creación».La ley, de apenas página y media de extensión, establece una excepción para las escuelas públicas, institutos de educación superior y universidades a los que afecta: pueden utilizar Golfo de México «con fines históricos» durante la enseñanza. Fuera de esta excepción, la ley no exime al profesorado de Alabama ni a otros empleados universitarios, incluidos los periodistas, de la restricción relativa a la manera en que pueden denominar este cuerpo de agua.La Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) ha ordenado a los periodistas de WBHM, la emisora afiliada a NPR patrocinada por la universidad, que cumplan con la disposición, según correos electrónicos obtenidos por Inside Higher Ed. En junio, Steve Murray, director ejecutivo de operaciones empresariales de la UAB, dijo al entonces director ejecutivo de WBHM, Will Dahlberg:«Nos referiremos al Golfo como “Golfo de América” en los contenidos escritos o hablados por el personal de WBHM a partir del 1 de octubre».Esa fue la fecha en que entró en vigor la ley.Los correos electrónicos relatan posteriormente una serie de preguntas y confusiones acerca de cómo cumplir con la ley. Murray, quien supervisa WBHM, pidió a la emisora que llevara un registro del cumplimiento y contabilizara las referencias al «Golfo de América» frente a las referencias al Golfo de México «durante nuestros noticiarios y en las historias publicadas/compartidas en nuestro sitio web, redes sociales, pódcasts, etc.».Citó un análisis jurídico procedente de «Cam», que, según explicó Dahlberg a Inside Higher Ed, se refería a Cam Earnhardt, el principal asesor jurídico de la universidad.Earnhardt evaluó además el riesgo que suponía para WBHM utilizar contenidos de terceros que pudieran mencionar el Golfo de México, incluidos los de NPR y Associated Press, que proporcionan contenidos a WBHM y utilizan habitualmente la denominación «Golfo de México».«Dado ese riesgo, tendría sentido que WBHM evaluara con qué frecuencia aparecen referencias a este cuerpo de agua en sus contenidos, así como el grado de dificultad y el costo que podría implicar modificar los contenidos de terceros antes de mostrarlos o transmitirlos en una emisión o sitio web de WBHM», escribió Earnhardt. «Posteriormente, la UAB debería utilizar esa información para evaluar el riesgo que supone para la institución mostrar y transmitir estos contenidos sin modificarlos».La ley también exige que los empleados públicos «realicen esfuerzos razonables para actualizar todos los recursos preexistentes propiedad de entidades estatales y locales» que se encuentren bajo su jurisdicción —incluidos mapas, materiales educativos y comunicaciones— para reflejar el cambio de nombre «cuando sea factible», estableciendo una excepción cuando hacerlo «impusiera una carga operativa o financiera».En agosto, Andrew Yeager, editor gerente de WBHM, expresó su desconcierto respecto de la solicitud de llevar un registro y escribió:«¿Está sugiriendo que cataloguemos cada referencia que salga al aire?».Dahlberg solicitó mayores orientaciones, a lo que Murray inicialmente respondió simplemente:«¿En serio?».Yeager terminó escribiendo que «no es posible catalogar cada una de las menciones al Golfo de México en todos nuestros canales». Murray también dijo a Dahlberg que los miembros del personal debían firmar un documento en el que declararan que conocían la ley y sus obligaciones como empleados estatales.Portavoces de la UAB dijeron el martes a Inside Higher Ed que «hubo un malentendido respecto de una solicitud de datos que ya se resolvió. No existen planes de exigir declaraciones de conformidad ni de realizar un seguimiento». Sin embargo, no proporcionaron ninguna orientación escrita que la universidad hubiera entregado a sus empleados, incluidos profesores y periodistas de WBHM, acerca de cómo deben cumplir la ley.Las universidades de todo el estado proporcionaron poca información sobre cómo están aplicando la legislación.El Sur silenciosoLa Constitución de Alabama concede al sistema de la Universidad de Auburn y al sistema de la Universidad de Alabama, que incluye a la UAB, una mayor autonomía que a otras instituciones públicas de educación superior, lo que significa que posiblemente podrían negarse legalmente a cumplir la ley si así lo desearan. La Ley del Golfo de América no establece que estén exentas. Los sistemas universitarios no respondieron esta semana a las solicitudes de comentarios.Jason Senkbeil, profesor titular del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, dijo que se le informó que el profesorado debía cumplir con la ley.«Imparto una clase de nivel introductorio y durante años lo he llamado simplemente “el Golfo”, sin especificar cuál, porque no sabía hacia dónde iba todo esto», dijo Senkbeil. «Así que les dije a mis estudiantes que ahora tengo que llamarlo de esa manera».«Es una ley estatal», afirmó. «Cumpliré con la ley estatal».Beth Davis-Sramek, presidenta del capítulo de Auburn de la American Association of University Professors (AAUP), señaló:«No he oído absolutamente nada. No ha habido ningún pronunciamiento oficial [ni] comunicación formal por parte de las autoridades de Auburn acerca de esta ley».Dijo que el correo electrónico de Inside Higher Ed relacionado con este artículo fue la primera noticia que tuvo sobre ella.Un portavoz de la Universidad del Sur de Alabama se limitó a señalar en un correo electrónico:«Como institución estatal, cumpliremos con la legislación del estado de Alabama».Otras universidades no respondieron en absoluto.Jim Purcell, director ejecutivo de la Comisión de Educación Superior de Alabama, dijo a Inside Higher Ed por correo electrónico que, dado que «los requisitos están establecidos directamente en la legislación estatal», su organismo «no emitió orientaciones independientes a las instituciones sobre la aplicación de esta ley».David Standridge, representante estatal republicano que presentó la iniciativa legislativa, respondió a su teléfono el viernes, pero después de que este periodista se identificara, dijo que estaba en una reunión y pidió hablar más tarde. No devolvió la llamada ni respondió esta semana a posteriores solicitudes de comentarios.Un portavoz de la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, quien promulgó la legislación, sí proporcionó una declaración:«El estado de Alabama se refiere al Golfo como el Golfo de América, punto», escribió el portavoz en un correo electrónico. «No es difícil darse cuenta de que estas supuestas quejas sobre la “libertad de expresión” son simplemente una excusa para encubrir un sesgo manifiesto contra la Administración Trump».(El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretendía cambiar el nombre del Golfo).Preocupaciones sobre la libertad académicaDavis-Sramek dijo que tiene inquietudes acerca de la ley que van más allá de la denominación específica del cuerpo de agua.«Si pueden decir, mediante un mandato legislativo, “vamos a obligar a los empleados a referirse al Golfo de América”, entonces ¿qué otras cosas podrían obligarnos a decir —o impedirnos decir— en nuestra docencia e investigación?», señaló. «Esto, en particular, parece absurdo a primera vista. Pero creo que plantea una cuestión más amplia: si pueden hacer esto, ¿qué otras cosas pueden hacer y podrían llegar a hacer?».La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) ha expresado su preocupación por considerar que la ley viola la Primera Enmienda. Michael Hurley, asesor de asuntos gubernamentales de FIRE, señaló que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad académica del profesorado de las universidades públicas.«No es lo mismo que un cartógrafo estatal que está elaborando un mapa», dijo Hurley a Inside Higher Ed.«Los profesores tienen derecho, en términos generales, a expresarse libremente sobre [...] temas relevantes desde el punto de vista educativo dentro del aula y en sus investigaciones», afirmó. «Y el Estado, desde luego, no puede imponer una ortodoxia a esos profesores».Las restricciones de la ley sobre los periodistas empleados por universidades plantean un conjunto diferente, aunque relacionado, de preocupaciones. Aaron Terr, director de defensa pública de FIRE, dijo a Inside Higher Ed que existen pocos precedentes sobre cómo se aplica una ley de este tipo a las emisoras públicas de radio.«En términos generales, el gobierno dispone de una amplia autoridad para regular lo que dicen sus empleados como parte de sus funciones», escribió Terr en un correo electrónico. «Por ejemplo, una agencia estatal puede, naturalmente, controlar lo que un empleado incluye en un comunicado de prensa de la institución. Pero esa regla no es absoluta».Terr citó una resolución de 2020 en un caso relacionado con la presunta interferencia de la primera Administración Trump en la cobertura informativa de Voice of America, que estableció que las «funciones editoriales o periodísticas esenciales de los periodistas empleados por el gobierno» están, al igual que la docencia y la investigación del profesorado, exentas de las normas ordinarias relativas a la expresión de los empleados públicos.«Ese razonamiento tiene sentido», afirmó Terr. «La función de los periodistas de las emisoras públicas de radio consiste en ejercer un criterio editorial independiente, no en actuar como portavoces del gobierno».Dahlberg renunció a su cargo de director ejecutivo de WBHM, donde había comenzado como becario no remunerado más de una década atrás. La ley no fue la única razón: afirmó que tanto él como otros empleados tenían problemas con Murray y, de manera más general, con el trato que la universidad dispensaba a la emisora; sin embargo, la ley fue para él «un límite que no estaba dispuesto a cruzar en términos de la ética periodística que defiendo».«También comuniqué a nuestro equipo que, como responsable de la organización, no veía ninguna manera de seguir adelante en la que pudiera hacer cumplir esto de forma ética», dijo Dahlberg.Señaló que, aunque los abogados del sistema de la Universidad de Alabama no lo expresaron por escrito, esencialmente se le indicó que el incumplimiento podría dar lugar a medidas disciplinarias, hasta llegar al despido.«Al igual que otros colegas de los medios públicos, cada vez me preocupan más [las] emisoras cuyas licencias pertenecen a universidades y los crecientes problemas que esto está generando», afirmó. «Particularmente en los estados republicanos y en lugares donde no existen protecciones para los periodistas».………………………………………………………………..October 07, 2026Alabama Makes State Workers Say ‘Gulf of America.’ Colleges Aren’t Spared.Republican lawmakers say faculty can only call it the Gulf of Mexico for “historical purposes” in academic courses. Journalists are constrained by the restriction, too.By  Ryan QuinnAlabama’s House Bill 2, which took effect last week, requires “all state and local entities and their employees” to call the Gulf of Mexico the “Gulf of America.” Universities aren’t exempt.Photo illustration by Justin Morrison/Inside Higher Ed | Library of Congress/Chicago:Rand McNallyAlabama’s Gulf of America Act took effect last week, making it state policy to use President Trump’s preferred term for the Gulf of Mexico.House Bill 2 requires “all state and local entities and their employees” to “refer to the body of water that borders the coast of Alabama as the ‘Gulf of America,’” and to reflect this “terminology in all newly created maps, documents, educational materials, websites, official communications, and other resources.”The page-and-a-half-long law has one exception for the public schools, colleges and universities it impacts: They can use Gulf of Mexico “for historical purposes” during instruction. Otherwise, the law doesn’t exempt Alabama faculty or other university employees, including reporters, from its restriction on what they can call this body of water.The University of Alabama at Birmingham has ordered journalists at WBHM, the university-sponsored NPR affiliate, to comply, according to emails obtained by Inside Higher Ed. Back in June, Steve Murray, UAB’s executive director of business operations, told then-WBHM Executive Director Will Dahlberg, “We will be referring to the Gulf as ‘Gulf of America’ in content written or spoken by WBHM staff beginning on Oct. 1.” That’s when the law took effect.The emails then recount a string of questions and confusion over how to follow the law. Murray, who oversees WBHM, asked the station to track compliance and count references to the “Gulf of America” versus the Gulf of Mexico “during our newscasts and stories published/shared on our website, social media, podcasts, etc.” He cited a legal analysis that came from “Cam,” which Dahlberg told Inside Higher Ed meant Cam Earnhardt, the top university lawyer.Earnhardt further assessed the risk of WBHM using content from third parties that might mention the Gulf of Mexico, including NPR and the Associated Press, which both provide content to WBHM and regularly use “Gulf of Mexico.”“Given that risk, it would make sense for WBHM to evaluate how often there are references in its content to this body of water and also how difficult and costly it might be to revise third-party content before displaying it or broadcasting it on a WBHM broadcast or website,” Earnhardt wrote. “UAB should then use that information to evaluate the risk of displaying and broadcasting this content without modification as an institution.”The law also requires public employees to “make reasonable efforts to update all pre-existing resources owned by state and local entities” under their jurisdiction—including maps, educational materials and communications—to reflect the name change “where practicable,” making an exception if doing so “would impose an operational or financial burden.”In August, WBHM Managing Editor Andrew Yeager expressed confusion over the tracking request, writing, “Are you suggesting we catalogue every reference on air?” Dahlberg asked for more guidance, to which Murray initially simply replied, “Seriously?” Yeager eventually wrote that it’s “not possible to catalogue ever[y] instance of Gulf of Mexico across all our channels.” Murray also told Dahlberg that staff needed to sign a document saying they were aware of the law and their obligations as state workers.UAB spokespeople told Inside Higher Ed Tuesday that “there was a disconnect regarding a request for data that was previously resolved. There are no plans for attestation or tracking.” But they didn’t provide any written guidance that the university has given to employees, including faculty and WBHM journalists, regarding how they must follow the law.Universities across the state didn’t respond with much information about how they’re implementing the law.The Silent SouthThe Alabama Constitution gives the University of Auburn system and University of Alabama system, which includes UAB, greater autonomy than other public higher ed institutions, meaning they might be able legally to refuse to follow the law if they desired to. The Gulf of America Act doesn’t say they’re exempt. The systems didn’t respond to requests for comment this week.Jason Senkbeil, a tenured professor in the University of Alabama at Tuscaloosa’s Department of Geography and the Environment, said he was told faculty have to follow the law.“I teach a 100-level class and I’ve been calling it ‘the Gulf’ and not saying which one for years because I didn’t know where this was going,” Senkbeil said. “So I told my class I have to say it now.”“It’s state law,” he said. “I will comply with state law.”Beth Davis-Sramek, president of the Auburn chapter of the American Association of University Professors, said, “I have not heard a thing. There has been no official word [or] formal communication from Auburn leadership about this law.” She said Inside Higher Ed’s email regarding this story was the first she’d heard of it.A spokesperson for the University of South Alabama said in an email simply, “As a state institution, we are going to comply with Alabama state law.” Other universities didn’t respond at all.Jim Purcell, executive director of the Alabama Commission on Higher Education, told Inside Higher Ed in an email that because “the requirements are established directly in state law,” his agency “did not issue separate guidance to institutions regarding implementation of this Act.”David Standridge, the Republican state representative who introduced the legislation, picked up his phone Friday, but after this reporter introduced himself, he said he was in a meeting and asked to talk later. He didn’t call back or respond to follow-up requests for comment this week.A spokesperson for Republican Alabama Gov. Kay Ivey, who signed the legislation into law, did provide comment.“The state of Alabama refers to the Gulf as the Gulf of America, period,” the spokesperson wrote in an email. “It is not hard to see that these so-called ‘free-speech’ complaints are just a cover up for blatant bias against the Trump Administration.” (On the first day of his second term, Trump signed an executive order attempting to rename the Gulf.)Academic Freedom ConcernsDavis-Sramek said she has worries about the law that don’t specifically relate to the body of water.“If they can say, by legislative mandate, ‘We’re going to force employees to reference Gulf of America,’ then what else might they force us to say—or restrict us from saying—in terms of our teaching and research?” she said. “This, in particular, seems silly on the surface. But I think it begs a bigger question: If they can do this, what else can and might they do?”The Foundation for Individual Rights and Expression has expressed concern that the law violates the First Amendment. Michael Hurley, a government affairs counsel at FIRE, noted that the U.S. Constitution protects faculty academic freedom at public universities.“It’s not the same as the state cartographer who’s making a map,” Hurley told Inside Higher Ed.“Professors have the right to generally speak freely about … educationally relevant subjects in the classroom, in their research,” he said. “And the state certainly cannot impose an orthodoxy on those professors.”The law’s constraints on university-employed journalists raise a different, though related, set of concerns. Aaron Terr, FIRE’s public advocacy director, told Inside Higher Ed there isn’t much precedent for how such a law applies to public radio stations.“The government generally has broad authority to regulate what its employees say as part of their jobs,” Terr wrote in an email. “For example, a state agency naturally can control what an employee puts in an agency press release. But that rule isn’t absolute.”He cited a 2020 ruling in a case regarding the first Trump administration’s alleged interference in Voice of America’s reporting, that said the “core editorial or journalistic functions of government-employed journalists” are, like faculty teaching and research, exempt from ordinary rules regarding public employee speech.“That reasoning makes sense,” Terr said. “The role of journalists at public radio stations is to exercise independent editorial judgment, not to serve as a government mouthpiece.”Dahlberg has resigned from his executive director position at WBHM, where he started as an unpaid intern more than a decade ago. The law wasn’t the only reason why—he said he and other employees had issues with Murray and the university’s treatment of the station more broadly—but the law was “a bridge too far for me in terms of the journalistic ethics that I uphold.”“I also conveyed to our team I did not see a path forward as a leader that I could ethically enforce this,” Dahlberg said. He said that while University of Alabama system lawyers didn’t put it in writing, he was essentially told noncompliance could result in discipline, up to dismissal.“I increasingly, like other public media colleagues, [am] concerned about stations that are licensed to universities and the escalating problems that is presenting,” he said. “Particularly in red states and areas where there are not protections for journalists.”

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07/10/2026

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07/10/2026

Adquisición de EMERALD por WILEY: una lectura desde el Sur Global

Publicado en The Scholarly Kitchenhttps://scholarlykitchen.sspnet.org/2026/08/06/guest-post-buying-the-middle-reading-the-wiley-emerald-deal-from-the-global-south/?informz=1&nbd=567d61ec-36ea-4197-85eb-43e2bd36d175&nbd_source=informzArtículo invitado — Comprar el segmento intermedio: una lectura del acuerdo Wiley-Emerald desde el Sur GlobalPor Sonika Jha 6 de agosto de 2026Nota del editor: La publicación de hoy es de Sonika Jha. Sonika es profesora asistente de Administración en la FORE School of Management, Nueva Delhi, India. Su investigación se sitúa en la intersección de la innovación abierta, la estrategia, los efectos de difusión del conocimiento y la ética digital y de la inteligencia artificial.En junio de este año, John Wiley & Sons completó la adquisición de Emerald Publishing Limited mediante una operación íntegramente en efectivo valorada en 337 millones de libras esterlinas —aproximadamente 452 millones de dólares—. El acuerdo incorpora al portafolio de Wiley cerca de 500 marcas de revistas, 8.000 títulos de libros y 3.000 estudios de caso empresariales, consolidando a la compañía como una fuerza dominante en economía, negocios, finanzas y ciencias sociales.Para la mayor parte de la comunidad de la comunicación académica, esta es una historia sobre concentración del mercado y economía editorial. Pero para los investigadores en las primeras etapas de su carrera en el Sur Global, especialmente aquellos que trabajan en administración, estudios organizacionales y ciencias sociales, significa algo más. Representa una remodelación de la infraestructura sobre la que se construyen sus carreras, su docencia y sus instituciones. Esta transformación merece ser examinada porque conlleva simultáneamente auténticas oportunidades y riesgos estructurales.La particular importancia de Emerald para el Sur GlobalEmerald no es simplemente otra editorial absorbida por una entidad mayor. Para investigadores de Asia meridional, África subsahariana, América Latina y el sudeste asiático, ha ocupado una posición especial como puerta de entrada accesible a la investigación académica internacional. Ha ofrecido clasificaciones que cuentan para los ascensos profesionales y ha tomado en serio sus investigaciones cuando otras editoriales no lo hacían.Las revistas de Emerald abarcan gestión del conocimiento, negocios internacionales, gestión de recursos humanos, comportamiento organizacional y políticas públicas. Sus clasificaciones del Australian Business Deans Council (ABDC) y de la Chartered Association of Business Schools (ABS) van de B a A. Estas clasificaciones tienen un peso real en las decisiones sobre promoción y permanencia académica. Para un investigador que inicia su carrera en una institución de administración de Delhi o Nairobi, publicar en Emerald no es un premio de consolación. A menudo constituye la vía más creíble para incorporarse a la investigación internacional. No exige estar afiliado a Harvard o Cambridge. Tampoco exige pagar un cargo por procesamiento de artículos (APC) de 3.500 dólares en una revista insignia.Esto importa más allá de las clasificaciones. Una corriente significativa de la investigación académica del Sur Global se ocupa de la descolonización de la producción del conocimiento. Estos trabajos sostienen que las editoriales comerciales occidentales determinan qué preguntas de investigación se consideran importantes. También influyen en qué marcos teóricos se consideran rigurosos. Emerald ha sido una de las pocas editoriales dispuestas a tomar en serio los enfoques no occidentales en sus propios términos. Sigue siendo una cuestión abierta si la cultura editorial de Wiley podrá mantener esa apertura.El 85 % de los ingresos de Emerald procede de fuera de Norteamérica. Precisamente aquí es donde la infraestructura de Wiley puede resultar útil. Wiley mantiene profundas relaciones con bibliotecas de Estados Unidos y Canadá que Emerald no tenía. Con una integración bien concebida, los investigadores que publiquen en revistas de Emerald podrían lograr una verdadera ampliación de su alcance de citación dentro de las instituciones norteamericanas.La dimensión docente es igualmente concreta. Los 3.000 estudios de caso empresariales de Emerald han servido durante mucho tiempo como una alternativa asequible a los casos de Harvard Business Publishing. Esto resulta importante para las escuelas de negocios del Sur Global, donde las tarifas de licencia de Harvard suelen ser prohibitivas. Ese portafolio de casos pertenece ahora a Wiley. Las prioridades de Wiley pueden inclinarse hacia las cadenas de suministro de contenidos para inteligencia artificial. Lo que ello pueda significar para los precios y el encargo de nuevos casos es una cuestión que podría afectar las decisiones en las aulas desde el próximo semestre.El debate Wiley frente a EmeraldLa adquisición de Emerald por Wiley se entiende mejor no como un encuentro entre iguales, sino como la absorción del segmento intermedio de la investigación en administración por parte de una empresa dominante de élite.La asimetría de prestigio entre ambos portafolios es evidente. Emerald no posee ninguna revista en la lista de 50 publicaciones del Financial Times (FT50), y su presencia con clasificación A* en la lista ABDC se limita a unos pocos títulos, como International Journal of Operations and Production Management y Accounting, Auditing and Accountability Journal. Wiley, en cambio, publica una proporción considerable de las revistas situadas en la cúspide de la disciplina, entre ellas Journal of Finance, Strategic Management Journal y Journal of Management Studies.Lo que Emerald aporta es volumen y amplitud en los niveles A y B, las revistas que constituyen el caballo de batalla en el que la inmensa mayoría del profesorado de escuelas de negocios —particularmente los investigadores en etapas iniciales de su carrera en el Sur Global— construye realmente su historial de publicaciones.Wiley no compró prestigio; compró el segmento productivo intermedio de la disciplina, junto con los ingresos recurrentes por suscripciones y el contenido propietario que genera ese segmento.Esta asimetría importa. Las consolidaciones rara vez tratan por igual todos los niveles de un portafolio. Las revistas de máximo prestigio aportan reputación y se protegen. Las revistas de nivel intermedio aportan márgenes y se racionalizan.Wiley se ha comprometido a lograr 30 millones de dólares anuales en sinergias de costos en un plazo de tres años. La historia sugiere cómo suelen alcanzarse estos objetivos: fusiones de revistas, cierre de títulos y reajustes de precios. Estos cambios suelen concentrarse precisamente en el nivel intermedio, el segmento que domina Emerald.Para los investigadores de instituciones con abundantes recursos, esta fusión será en gran medida invisible. Ya tienen acceso a revistas de élite. Sin embargo, numerosos académicos dependen de revistas accesibles clasificadas como A y B. Sus procesos de permanencia dependen de ellas. Sus requisitos nacionales de acreditación dependen de ellas. Sus evaluaciones de investigación dependen de ellas.Para estos investigadores, una silenciosa reestructuración del segmento intermedio significa algo muy concreto: la escalera de publicación se estrecha precisamente en los peldaños sobre los que están parados.La concentración de alrededor de 2.500 revistas bajo una sola editorial no constituye, por tanto, únicamente un acontecimiento de mercado; supone una redistribución de las oportunidades académicas, cuyos costos recaerán con mayor intensidad sobre quienes se encuentran más alejados del centro del sistema.Lo que revela el discurso de Wiley, también para ChinaLa adquisición fortalece la posición de Wiley en materia de contenidos propietarios destinados a la inteligencia artificial y al análisis de datos, en un momento en que se acelera la demanda de contenidos de investigación confiables y revisados por pares.La investigación académica, tal como se plantea explícitamente, se convierte en combustible. La combinación de Wiley y Emerald significa, en palabras del propio presidente y director ejecutivo de Wiley, Matthew Kissner, que sus «contenidos y datos propietarios alimentan la IA, y la IA acelera el ritmo de la publicación».Esto no es necesariamente siniestro; las herramientas asistidas por IA pueden ayudar genuinamente a los investigadores a navegar por la literatura y acelerar los procesos de síntesis. Pero la asimetría es evidente.Los investigadores producen los contenidos que sustentan una valoración de 452 millones de dólares, no reciben ninguna participación patrimonial por esa extracción de valor, rara vez reciben una compensación significativa y, en muchos casos, incluso pagan por publicar.La cuestión de cómo el valor creado mediante el uso de contenidos científicos por la IA retorna a los investigadores —si es que retorna de alguna manera— merece una respuesta directa.Específicamente para los académicos del Sur Global, también surge la cuestión de la gobernanza de los datos: Wiley es una corporación estadounidense que cotiza en bolsa, y la producción científica de investigadores indios, chinos, latinoamericanos y africanos procesada mediante sistemas de IA regidos por marcos corporativos estadounidenses plantea cuestiones de soberanía de los datos que los consejos de investigación de varios países apenas están comenzando a abordar.La situación de China merece una atención especial. El gobierno chino, mediante la iniciativa universitaria Double First Class, ha impulsado activamente a los investigadores a publicar en revistas occidentales altamente clasificadas como condición para el avance profesional y la financiación institucional, al tiempo que persigue un desacoplamiento geopolítico respecto de las instituciones occidentales e invierte en la China National Knowledge Infrastructure (CNKI) como alternativa nacional.La relación entre Wiley y la investigación china ya ha sido complicada: Hindawi, filial de Wiley, retractó más de 8.000 artículos con coautores chinos en 2023 tras un escándalo de manipulación de la revisión por pares a gran escala que perjudicó a ambas partes.Una entidad combinada Wiley-Emerald que controle una proporción mayor de revistas acreditadas del ámbito de la administración profundiza la dependencia estructural de los investigadores chinos respecto de la infraestructura editorial occidental precisamente en un momento en que la política nacional intenta reducirla.La fuerza laboral invisible: trabajo editorial y revistas propiedad de sociedades científicasExiste una dimensión de esta adquisición que casi no ha recibido atención: los consejos editoriales.Cada revista de Emerald cuenta con académicos —muchos de ellos procedentes del Sur Global— que realizan una cantidad considerable de trabajo intelectual no remunerado: gestionan la revisión por pares, definen la orientación editorial y mantienen la identidad académica de la revista a lo largo de años o décadas.Ese trabajo forma parte de aquello por lo que Wiley pagó 337 millones de libras esterlinas. Los académicos que lo realizan no participaron en la transacción, no dieron su consentimiento para que su trabajo fuera transferido a un nuevo propietario corporativo y, en la práctica, no poseen derechos de salida que puedan ejercer de manera efectiva.Wiley tiene una oportunidad real de distinguirse del patrón de pérdida de editores posterior a adquisiciones que ha caracterizado varias de las principales operaciones de consolidación. Compromisos proactivos con la independencia editorial y consultas significativas con los consejos durante la integración constituirían un enfoque sustancialmente diferente y reducirían el riesgo de renuncias de alto perfil que han perjudicado la reputación de otras editoriales.Una parte del portafolio de Emerald también se publica en nombre de sociedades científicas que negociaron acuerdos específicamente con Emerald. Esas sociedades descubren ahora que sus revistas están en manos de una compañía con la que nunca contrataron, y la mayoría ha guardado silencio públicamente desde el anuncio, presumiblemente mientras determinan cuál es realmente su situación contractual.Concentración, investigadores en etapas iniciales y el vacío de las editoriales depredadorasEl acuerdo Wiley-Emerald forma parte de una tendencia de consolidación mucho más prolongada. Un pequeño número de grandes editoriales comerciales representa actualmente una proporción considerable de los artículos científicos publicados en todo el mundo, lo que reduce la presión competitiva sobre los precios, las condiciones de acceso y las condiciones ofrecidas a los autores.Para los investigadores que inician su carrera, la concentración genera problemas específicos: los investigadores en etapas iniciales de la carrera (ECR) poseen el menor poder institucional en las negociaciones de suscripciones, carecen de voz en los acuerdos transformativos y se enfrentan a comités de contratación que exigen publicaciones en revistas clasificadas controladas cada vez más por unas pocas editoriales comerciales.El objetivo de Wiley de alcanzar 30 millones de dólares en sinergias de costos, principalmente mediante la integración de plataformas y la eliminación de costos duplicados, plantea interrogantes reales acerca de los títulos especializados y de menor volumen de Emerald, precisamente aquellos de los que más dependen los investigadores del Sur Global.Existe aquí una consecuencia posterior. Cuando desaparecen revistas creíbles y accesibles, o cuando se vuelven inasequibles, el vacío es ocupado de forma previsible por editoriales depredadoras.Los investigadores del Sur Global son objeto de estas prácticas de manera desproporcionada: se encuentran sometidos a una mayor presión para publicar y normalmente disponen de menos orientación institucional acerca de la calidad de las editoriales.Si las sinergias de costos provocan la desaparición de títulos, los investigadores que dependían de esas revistas no migrarán automáticamente hacia publicaciones más prestigiosas. Muchos serán captados por las peores opciones disponibles.Se trata de un daño concreto y evitable.El acceso abierto no es una solución mágica, especialmente en la investigación en administraciónConsiderar el acceso abierto como una corrección estructural es en parte acertado, pero también sustancialmente incompleto, en particular para los investigadores de administración y ciencias sociales, cuyo ecosistema editorial funciona conforme a reglas diferentes de las disciplinas STEM que dominan el discurso sobre comunicación académica.No existe un servidor de preprints ampliamente reconocido para la investigación en administración. El acceso abierto verde está mucho menos normalizado como práctica profesional segura. La marca de la revista tiene mayor peso y la infraestructura alternativa es más limitada. Las soluciones de política diseñadas para STEM no pueden trasladarse directamente.No se trata de un problema irresoluble. La Scientific Electronic Library Online (SciELO) de América Latina demuestra que una infraestructura de acceso abierto financiada públicamente y gobernada regionalmente puede funcionar a gran escala y atender a los investigadores conforme a sus propias condiciones institucionales. African Journals Online (AJOL) avanza en una dirección similar.Estos experimentos y alternativas nos muestran que el Sur Global no debe limitarse a consumir, sino que debe ser propietario de la manera en que se realiza y publica la investigación.La cobertura de acuerdos transformativos de Wiley crea nuevas vías de acceso abierto para algunos investigadores, pero se aplica de manera desigual. Muchas instituciones de países de menores ingresos no cuentan con esos acuerdos, y los sistemas de exenciones siguen aplicándose de forma inconsistente y resultan estructuralmente insuficientes como sustituto de un acceso equitativo concebido desde el diseño.Por tanto, la comunidad de la comunicación académica estaría mejor atendida si invirtiera en modelos alternativos en lugar de suponer que los acuerdos transformativos negociados entre grandes editoriales occidentales y grandes universidades occidentales llegarán a los investigadores de Chennai o Nairobi.El momento político de India y el panorama de las negociacionesEsta adquisición llega en un momento en que India está construyendo activamente su infraestructura de investigación mediante la National Research Foundation, la evolución de los mandatos de acceso abierto de la University Grants Commission (UGC) y las discusiones en curso sobre un modelo nacional de suscripción.Lo que cambia el acuerdo Wiley-Emerald es el panorama de la negociación.Una entidad combinada que controle aproximadamente 2.500 títulos de revistas, con una sólida presencia en las disciplinas en las que la producción investigadora india crece con mayor rapidez, constituye una contraparte muy distinta de dos editoriales separadas: concentra el poder de negociación del lado del editor en cualquier negociación de ámbito nacional.Las instituciones solo podrán desenvolverse en este escenario si negocian de manera proactiva y teniendo explícitamente presente todo el peso de esta consolidación, en lugar de reaccionar una vez que las condiciones ya hayan sido establecidas.Preguntas que debería plantearse la comunidadSeamos claros respecto de lo que esta adquisición podría representar en el mejor de los casos.Wiley es un propietario a largo plazo más estable que una entidad respaldada por capital privado. Su infraestructura de plataformas es materialmente más sólida que la de Emerald. Su alcance en Norteamérica podría ampliar la visibilidad de revistas que históricamente han tenido dificultades para penetrar ese mercado. Su red de acuerdos transformativos puede abrir vías de acceso abierto para investigadores que anteriormente no disponían de ellas.Estos beneficios potenciales no son triviales, y la honestidad intelectual exige reconocerlos.Pero los beneficios potenciales y los riesgos estructurales no son mutuamente excluyentes. La comunidad de la comunicación académica tiene el hábito constante de esperar hasta después de la integración para formular las preguntas difíciles, cuando para entonces los consejos editoriales ya han sido reestructurados, las revistas discontinuadas y las tarifas de APC fijadas prácticamente de manera irreversible.El momento de plantear esas preguntas es ahora.¿Mantendrá Wiley el portafolio de revistas especializadas de Emerald, incluidos los títulos de menor volumen que atienden principalmente a comunidades investigadoras del Sur Global?¿Qué compromisos se están adoptando para preservar la independencia editorial durante la integración?¿Qué obligaciones tiene ahora Wiley hacia las sociedades científicas cuyas revistas ha heredado?¿Cómo evolucionarán las estructuras de APC en el portafolio combinado y cómo se gestionará el acceso a exenciones para investigadores de instituciones que no estén cubiertas por acuerdos transformativos?¿Cómo se gobernará el uso de contenidos de investigación por parte de la IA, y tendrán los investigadores —particularmente los del Sur Global, donde las preocupaciones sobre soberanía de los datos son más agudas— alguna participación significativa en dicha gobernanza?La infraestructura editorial moldea las carreras. Determina qué preguntas se formulan, qué investigaciones son validadas y qué voces entran en la conversación académica mundial.La adquisición Wiley-Emerald transfiere el trabajo de miles de investigadores, miembros de consejos editoriales y autores de estudios de caso a una nueva arquitectura corporativa, a gran escala, rápidamente y, en buena medida, sin que ellos sean conscientes de ello.Que finalmente beneficie a las comunidades que construyeron el valor de Emerald o simplemente extraiga valor de ellas dependerá de decisiones que se están tomando ahora mismo, y los investigadores que más tienen en juego merecen un lugar en la mesa de negociación.Más allá de este acuerdo concretoEste análisis ha intentado centrarse en esta adquisición porque es la que tenemos delante y porque la particular relación de Emerald con la investigación del Sur Global hace que lo que está en juego sea excepcionalmente visible.Pero nada de lo expuesto anteriormente es exclusivo de Wiley o de Emerald.La publicación académica lleva dos décadas consolidándose y no muestra señales de desaceleración. Cada vez que una editorial especializada en una disciplina o arraigada regionalmente es absorbida por una entidad comercial de mayor tamaño —sea cual sea la empresa y sean cuales sean las revistas— reaparece el mismo conjunto de preocupaciones.Hay cuatro preguntas relevantes que deberían plantearse:¿Qué nivel del portafolio adquirido concentra a los investigadores con menor poder institucional, aquellos para quienes dicho portafolio no es simplemente algo «deseable», sino la auténtica escalera profesional sobre la que están parados?¿Qué consejos editoriales realizaron durante años trabajo intelectual no remunerado que ahora ha cambiado de manos sin su consentimiento ni su voto?¿Qué sociedades científicas descubren que los acuerdos que negociaron han sido transferidos a una contraparte que nunca eligieron?¿Y qué investigadores —de manera desproporcionada los del Sur Global— dependen más de los títulos específicos que tienen mayores probabilidades de ser racionalizados una vez establecidos los objetivos de sinergias de costos?Estas son preguntas permanentes, no interrogantes específicos sobre Wiley.La comunidad de la comunicación académica estaría mejor atendida si las planteara en el momento del anuncio de cada operación de este tipo, en lugar de reconstruirlas después a partir de aquello que haya quedado tras la integración.Wiley y Emerald son simplemente la ocasión para formularlas este año. La próxima consolidación —y habrá otra— merece el mismo escrutinio.………………………………………….Guest Post — Buying the Middle: Reading the Wiley Emerald Deal from the Global SouthBy Sonika JhaAug 6, 2026Editor’s Note: Today’s post is by Sonika Jha. Sonika is an Assistant Professor of Management at FORE School of Management, New Delhi, India. Her research sits at the intersection of open innovation, strategy, knowledge spillovers, and digital ethics and AI.In June this year, John Wiley & Sons completed their acquisition of Emerald Publishing Limited, in an all-cash transaction valued at £337 million (approximately $452 million). The deal adds nearly 500 journal brands, 8,000 book titles, and 3,000 business case studies to Wiley’s portfolio, establishing the company as a dominant force in economics, business, finance, and the social sciences.For most of the scholarly communications community, this is a story about market concentration and publishing economics. But for early career researchers in the Global South, especially those working in management, organizational studies, and the social sciences, it is something more. It is a reshaping of the infrastructure on which their careers, their teaching, and their institutions are built. This reshaping merits examination because it simultaneously carries genuine promise and structural risks.Emerald’s Particular Significance to the Global SouthEmerald is not just another publisher absorbed into a larger entity. For researchers across South Asia, Sub-Saharan Africa, Latin America, and Southeast Asia, it has occupied a special position as been an accessible entry point into international scholarship. It has offered rankings that count toward promotion. And it has taken their research seriously when other publishers didn’t. Emerald’s journals span knowledge management, international business, human resource management, organizational behavior, and public policy. Their Australian Business Deans Council (ABDC) and Chartered Association of Business Schools (ABS) rankings range from B to A. These rankings carry real weight in promotion and tenure decisions. For an early-career researcher at a management institution in Delhi or Nairobi, an Emerald publication is not a consolation prize. It is often the most credible path into international research. It doesn’t require a Harvard or Cambridge affiliation. It doesn’t require a $3,500 article processing charge (APC) at a flagship journal. This matters beyond rankings. A significant strand of Global South scholarship engages with decolonizing knowledge production. This work argues that Western commercial publishers shape which research questions count as important. It argues they also shape whose theoretical frameworks count as rigorous. Emerald has been one of the few publishers willing to take non-Western frameworks seriously, on their own terms. Whether Wiley’s editorial culture can sustain that openness is still an open question. 85% of Emerald’s revenue comes from outside of North America. This is precisely where Wiley’s infrastructure can help. Wiley has deep library relationships across the US and Canada that Emerald lacked. With thoughtful integration, researchers publishing in Emerald journals could gain real citation reach into North American institutions. The teaching dimension is just as concrete. Emerald’s 3,000 business case studies have long served as an affordable alternative to Harvard Business Publishing cases. This matters for business schools across the Global South, where Harvard’s licensing fees are often prohibitive. That case portfolio now belongs to Wiley. Wiley’s priorities may lean toward AI content pipelines. What that means for case pricing and commissioning is a question that could affect classroom decisions as soon as next semester. The Wiley versus Emerald Debate The Wiley acquisition of Emerald is best understood not as a meeting of equals but as the absorption of the middle tier of management scholarship by an elite incumbent. The prestige asymmetry between the two portfolios is stark. Emerald holds no journals on the Financial Times list of 50 journals (FT50), and its A star presence on the ABDC list is limited to a small number of titles such as the International Journal of Operations and Production Management and Accounting, Auditing and Accountability Journal. Wiley, by contrast, publishes a substantial share of the discipline’s apex outlets, including the Journal of Finance, the Strategic Management Journal, and the Journal of Management Studies. What Emerald brings is volume and breadth in the A and B tiers, the workhorse journals in which the vast majority of business school faculty, particularly early-career researchers in the Global South, actually build their publication records. Wiley did not purchase prestige; it purchased the productive middle of the field, along with the recurring subscription revenue and proprietary content that the middle generates. This asymmetry matters. Consolidation rarely treats all tiers of a portfolio equally. Apex journals carry reputational weight. They get protected. Mid-tier journals carry margins. They get rationalized. Wiley has committed to thirty million dollars in annual cost synergies within three years. History suggests how such targets get met: journal mergers, title closures, and pricing realignment. These changes tend to concentrate in the mid-tier, the exact segment Emerald dominates. For researchers at well-resourced institutions, this merger will be largely invisible. They have access to elite outlets already. But many scholars depend on accessible A- and B-ranked journals. Their tenure cases depend on them. Their national accreditation requirements depend on them. Their research assessments depend on them. For these scholars, a quiet restructuring of the middle tier means something specific: the publication ladder narrows at exactly the rungs they stand on. The concentration of roughly 2,500 journals under a single publisher is therefore not merely a market event; it is a redistribution of academic opportunity, and the costs will fall hardest on those furthest from the center of the system. What Wiley’s Framing Signals — Including for China The acquisition deepens Wiley’s proprietary content position for use in artificial intelligence (AI) and data analytics, at a moment when demand for trusted peer-reviewed research content is accelerating. Research content, as explicitly framed, is fuel, and the combination of Wiley and Emerald, in the words of Wiley’s President and CEO, Matthew Kissner himself, means that their “proprietary content and data fuels AI, and AI accelerates the pace of publishing.” This is not inherently sinister; AI-assisted tools can genuinely help researchers navigate literature and accelerate synthesis. But the asymmetry is stark. Researchers produce the content underpinning a $452 million valuation, receive no equity in that extraction, rarely receive meaningful compensation, and in many cases pay to publish. The question of how value created by AI use of research content flows back to researchers, if at all, deserves a direct answer. For Global South scholars specifically, the data governance dimension is pointed out: Wiley is a US-listed corporation, and the research output of Indian, Chinese, Latin American, and African scholars processed through AI systems governed under US corporate frameworks raises data sovereignty questions that research councils in several countries are only beginning to ask. China’s situation deserves specific attention. The Chinese government, through the Double First Class university initiative, has actively pushed researchers to publish in high-ranked Western journals as a condition of career advancement and institutional funding, while simultaneously pursuing geopolitical decoupling from Western institutions and investing in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) as a domestic alternative. The relationship between Wiley and Chinese research has already been complicated: Wiley’s subsidiary Hindawi retracted over 8,000 articlesinvolving Chinese co-authors in 2023 following a large-scale peer review manipulation scandal that damaged both parties. A combined Wiley-Emerald entity controlling a larger share of credentialed management journals deepens Chinese researchers’ structural dependency on Western publishing infrastructure at precisely the moment national policy is trying to reduce it. The Invisible Workforce: Editorial Labor and Society-Owned Journals There is a dimension of this acquisition that has received almost no attention: the editorial boards. Every Emerald journal has one academic, many from the Global South, who perform substantial unpaid intellectual labor: handling peer review, shaping editorial direction, and maintaining the scholarly identity of the journal over years or decades. That labor is part of what Wiley has paid £337 million to acquire. The academics providing it were not party to the transaction, did not consent to the transfer of their labor to a new corporate owner, and have no practically exercisable exit rights. Wiley has a genuine opportunity to distinguish itself from the pattern of post-acquisition editorial attrition that has characterized several major consolidations. Proactive commitments to editorial independence and meaningful consultation with boards during integration would represent a substantively different approach and reduce the risk of high-profile resignations that have damaged publisher reputations elsewhere. A subset of Emerald’s portfolio is also published on behalf of learned societies that negotiated agreements with Emerald specifically. Those societies now find their journals in the hands of a company they never contracted with, and most have been publicly silent since the announcement, presumably still determining what their contractual positions actually are. Concentration, the Early Career Researcher, and the Predatory Publishing Vacuum The Wiley-Emerald deal is part of a longer arc of consolidation. A small number of large commercial publishers now account for a substantial majority of the world’s journal articles, reducing competitive pressure on pricing, access terms, and author conditions. For early career researchers, concentration creates specific issues: Early Career Researchers (ECRs) have the least institutional leverage in subscription negotiations, no voice in transformative agreements, and face hiring committees that require publication in ranked journals increasingly controlled by a handful of commercial publishers. Wiley’s $30 million cost synergy target, primarily from platform integration and elimination of duplicate costs, raises real questions about the specialized, lower-volume Emerald titles that Global South researchers depend on most. There is a downstream consequence here. When credible, accessible journals disappear or become unaffordable, the vacuum is reliably filled by predatory publishers. Researchers in the Global South are disproportionately targeted; they face the greatest pressure to publish and typically have the least institutional guidance on publisher quality. If cost synergies produce title discontinuations, researchers who depended on those titles will not migrate upward to more prestigious journals. Many will be harvested by the worse ones. That is a concrete, preventable harm, Open Access Is Not a Silver Bullet — Especially Not in Management Research Open access as a structural corrective is both partly true and substantially incomplete, particularly for management and social science researchers, whose publishing ecosystem operates by different rules than the STEM fields that dominate scholarly communications discourse. There is no widely credentialed preprint server for management scholarship. Green open access is far less normalized as a career-safe practice. The journal brand carries more weight, and the alternative infrastructure is thinner. Policy remedies designed for STEM do not straightforwardly transfer. This is not an unsolvable problem. Latin America’s Scientific Electronic Library Online (SciELO) demonstrates how regionally governed, publicly funded open access infrastructure can work at scale and serve researchers on their own institutional terms. Africa’s African Journals Online (AJOL) is building in a similar direction. These experiments and alternatives tell us that the Global South cannot just consume, but rather own how research is done and published. Wiley’s transformative agreement coverage does create new open access pathways for some researchers, but it applies unevenly. Many institutions in lower-income countries hold no such agreements, and waiver systems remain inconsistently applied and structurally inadequate as a substitute for equitable access by design. The scholarly communications community therefore would be better served by investing in alternative models than by assuming that transformative agreements negotiated between large Western publishers and large Western universities will reach researchers in Chennai or Nairobi. India’s Policy Moment and the Negotiating Landscape This acquisition arrives at a moment when India is actively building its research infrastructure, the National Research Foundation, evolving University Grants Commission (UGC) open access mandates, and has ongoing discussions about a national subscription model. What the Wiley-Emerald deal changes is the negotiating landscape. A combined entity controlling approximately 2,500 journal titles, with deep strength in the disciplines where Indian research output is growing fastest, is a different counterparty than two separate publishers, one that concentrates leverage on the publisher side of any national-level negotiation. Institutions can navigate this only if they negotiate proactively and with the full weight of this consolidation explicitly in view, rather than engaging reactively after terms have already been set. Questions the Community Should Be Asking Let us be direct about what this acquisition could represent at its best. Wiley is a more stable long-term owner than a private equity-backed entity. Its platform infrastructure is materially stronger than Emerald’s. Its North American reach could expand the discoverability of journals that have historically struggled to penetrate that market. Its transformative agreement network may open open-access pathways for researchers who previously had none. These are not trivial potential benefits, and intellectual honesty requires naming them. But potential benefits and structural risks are not mutually exclusive. The scholarly communications community has a consistent habit of waiting until after integration to ask the hard questions, by when editorial boards have been restructured, journals discontinued, and APC schedules set in stone. The time to ask them is now. Will Wiley maintain Emerald’s specialized journal portfolio, including the lower-volume titles that primarily serve Global South research communities? What commitments are being made to preserve editorial independence during integration? What obligations does Wiley now hold toward learned societies whose journals it has inherited? How will APC structures evolve across the combined portfolio, and how will waiver access be managed for researchers at institutions without transformative agreement coverage? How will AI use of research content be governed, and will researchers, particularly those in the Global South, whose data sovereignty concerns are most acute, have any meaningful say in that governance? Publishing infrastructure shapes careers. It shapes what questions get asked, what research gets validated, and whose voices enter the global scholarly conversation. The Wiley-Emerald acquisition transfers the labor of thousands of researchers, editorial board members, and case study authors into a new corporate architecture at scale, at speed, and largely without their awareness. Whether it ultimately serves the communities that built Emerald’s value or extracts from them will depend on decisions being made right now, and the researchers with the most at stake deserve a seat at the table. Beyond This One Deal This discourse attempted to focus on this one acquisition because it is the one in front of us, and because Emerald’s particular relationship with Global South scholarship makes the stakes unusually visible. But nothing above is specific to Wiley or to Emerald. Scholarly publishing has been consolidating for two decades and shows no sign of slowing, and each time a discipline-specific or regionally-rooted publisher is folded into a larger commercial entity, whichever company, whichever journals, the same landscape of concerns recurs. Four relevant questions that should be asked:  Which tier of the acquired portfolio carries the researchers with the least institutional leverage, the ones for whom that portfolio is not a “nice to have” but the actual ladder they are standing on? Which editorial boards performed years of unpaid intellectual labor that has now changed hands without their consent or their vote? Which learned societies find their negotiated agreements transferred to a counterparty they never chose? And which researchers, disproportionately in the Global South, depend most on the specific titles most likely to be rationalized once cost synergy targets are set? These are standing questions, not questions particular to Wiley, and the scholarly communications community would be better served by asking them at the announcement of every such deal rather than reconstructing them afterward from what the integration left behind. Wiley and Emerald are simply the occasion for asking them this year. The next consolidation, and there will be one, deserves the same scrutiny. Sonika Jha Sonika Jha is an Assistant Professor at FORE School of Management, New Delhi, India. Her research sits at the intersection of open innovation, strategy, knowledge spillovers, and digital ethics and AI. View All Posts by Sonika Jha

Universo Abierto - Blog

06/10/2026

Cultura en peligro de desaparición: un informe sobre nuestro frágil patrimonio cultural

Messarra, Luca; Chris Freeland y Juliya Ziskina (eds.). Vanishing Culture: A Report on Our Fragile Cultural Record. Internet Archive Press, 2026. 175 páginas Texto completo La principal aportación de Vanishing Culture es poner de manifiesto que la digitalización no equivale automáticamente a conservación. Paradójicamente, una sociedad que produce cantidades gigantescas de información puede estar generando…

SoyBibliotecario Blog

05/10/2026

Visitas guiadas a la Biblioteca Nacional: una oportunidad para conocer sus espacios, servicios y tesoros bibliográficos

Las visitas guiadas invitan a conocer el trabajo cotidiano de una de las instituciones bibliotecarias más importantes de la Argentina.

Novedades del CAICyT

05/10/2026

Últimos ingresos Latindex Catálogo 2.0

En los meses de Agosto y Septiembre han ingresado al Catálogo 2.0 de Latindex las siguientes revistas: Heterocronías (En línea) ISSN 2684-0502 Heterocronías nace en el año 2019 como un proyecto de …

Universo Abierto - Blog

05/10/2026

El problema de la «validez sintética» en la investigación de IA.

Retraction Watch Staff, “AI research’s ‘synthetic validity’ problem”, Retraction Watch, 19 de septiembre de 2026. Artículo original en Retraction Watch El problema ya no consiste únicamente en detectar artículos falsos o textos generados por IA. El reto es garantizar que los datos, métodos, referencias y evidencias que sustentan la investigación sean verificables y tengan validez…

Boletín SciELO-México

05/10/2026

La cara oculta de la ciencia: el incontrolado poder de las grandes editoriales científicas

Publicado en sinpermisohttps://sinpermiso.info/textos/la-cara-oculta-de-la-ciencia-el-incontrolado-poder-de-las-grandes-editoriales-cientificasLa cara oculta de la ciencia: el incontrolado poder de las grandes editoriales científicasJulio Rozas Daniel Raventós 17/09/2026Ya comentamos en un artículo anterior que las publicaciones científicas constituyen el principal medio para difundir y validar el conocimiento científico. A través de ellas se difunden resultados, se someten hipótesis al escrutinio de otros investigadores y se construye, paso a paso, el edificio del conocimiento científico. También vimos algunas de las malas prácticas asociadas al sistema, así como sus mecanismos de autocorrección. Pero hay un aspecto fundamental que conviene destacar: publicar constituye hoy uno de los principales criterios para evaluar y promocionar al profesorado universitario y al personal investigador de los centros públicos. Como ha señalado Philippe Huneman (investigador del Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología del CNRS, Francia), la función del artículo de investigación ha cambiado: ya no es únicamente una unidad de conocimiento, sino que se ha convertido también en una unidad de evaluación. Ya no es simplemente, como lo fue durante mucho tiempo, la culminación de una tarea: se ha convertido también en el objetivo que orienta buena parte de la actividad investigadora, en el medio para medir su productividad, en el referente que distingue a los buenos investigadores de los menos buenos y en una pieza clave para el ascenso profesional. El célebre «publicar o perecer» (publish or perish) condiciona buena parte de las reglas del juego académico y genera efectos indeseados: se publican cada vez más artículos, a menudo a un coste elevado, y no siempre con la calidad necesaria. Al mismo tiempo, esta presión por publicar crea incentivos que pueden contribuir a explicar algunas de las malas prácticas que encontramos en la investigación científica, desde comportamientos muy sutiles hasta casos de fraude abierto. Algunos de estos casos trascienden el ámbito académico, aunque son muy pocos. Un ejemplo es el del actual rector de la Universidad de Salamanca. Decía un editorial de El País: “Se trata de otra variante de una práctica clásica que la universidad española haría bien en desterrar: el nefasto ‘hoy por ti, mañana por mí’”. Toda una fábrica de autocitas y de colegas que lo citan; pero no pasa nada: sigue siendo el rector de la Universidad de Salamanca. Otro ejemplo es el del grupo CREA de la Universidad de Barcelona, que se autodisolvió en 2025 y que, además de otras acusaciones mucho más graves que están en trámite legal, también fue objeto de denuncias relacionadas con el uso sistemático de autocitas, todo un ejemplo del autobombo. “La mayor parte de referencias que reciben los artículos, los libros, los proyectos del CREA proceden del propio CREA. Siempre más de la mitad y a veces llega al 80%”, en palabras de un buen conocedor de este grupo. En este artículo nos centramos en una dimensión mucho más desconocida del sistema: la económica. ¿Cuánto cobra el investigador por publicar? ¿Cuál es el coste real de publicar un artículo científico? ¿Cuánto dinero mueve el negocio editorial? Y sobre todo ¿qué implicaciones tiene para la ciencia la influencia de las grandes editoriales desde dentro del sistema científico?Modelo de negocio y dimensión económicaEmpezaremos haciendo un pequeño spoiler: los investigadores no solo no cobran por publicar sus trabajos, sino que, en muchos casos, tienen que pagar, y no poco, por hacerlo. De hecho, el negocio editorial científico es muy rentable. Cada año se publican algo más de tres millones de artículos científicos en el mundo, en unas 40.000 revistas, que suponen un negocio para las editoriales de decenas de miles de millones de dólares. La paradoja puede resultar sorprendente para quienes no están familiarizados con el mundo académico: cuando un escritor publica una novela, un ensayo o un libro de divulgación, lo habitual es que la editorial pague al autor por su obra, normalmente mediante un porcentaje de las ventas. En cambio, en la publicación científica, suele ocurrir justo lo contrario, es el investigador, a través de los fondos de sus proyectos de investigación, o de su institución, quien acaba pagando a las editoriales por publicar. ¿Cómo se ha llegado a este modelo? ¿Por qué las grandes editoriales científicas se han convertido en uno de los negocios más rentables del ámbito del conocimiento? Para responder a estas preguntas es necesario adentrarse en la compleja economía de la publicación científica moderna.Detrás de cada publicación científica existe una compleja cadena de procesos, actores y flujos económicos, donde las editoriales científicas desempeñan un papel central. Su actividad consiste en gestionar la publicación y el acceso a los resultados de la investigación, lo que incluye la recepción de los manuscritos, la coordinación de la revisión por pares (peer review), la edición y preparación de los textos para su publicación, y el mantenimiento de las plataformas digitales que permiten consultar, distribuir y archivar los contenidos. Aunque la distribución impresa aún existe en algunos casos, la mayor parte de la actividad se desarrolla actualmente en entornos digitales.Tradicionalmente, el negocio consistía en cobrar suscripciones a bibliotecas, universidades y centros de investigación para que sus investigadores pudieran acceder a las revistas y sus contenidos. Sin embargo, en las últimas décadas ha cobrado fuerza el modelo de publicación de acceso abierto (open access), en el que los autores o sus financiadores pagan una tarifa de publicación denominada APC (article processing charge), para que el artículo quede disponible gratuitamente para cualquier lector a través de internet. Esto ha provocado un cambio importante en el modelo de negocio. Antes, quienes financiaban el acceso al conocimiento eran fundamentalmente las instituciones suscriptoras; ahora, en el modelo basado en APC, son los propios autores o sus financiadores quienes pagan por publicar. El nuevo modelo introduce así un incentivo para aumentar el número de publicaciones: cuantos más artículos se publican, mayores son los ingresos de las editoriales y, para los investigadores, aumentan también las posibilidades de progresar profesionalmente.Se estima que el precio de una APC en muchas de las grandes editoriales científicas se sitúa, de media, en torno a los 3.000 dólares por artículo, aunque las diferencias entre revistas son muy importantes y en determinados casos pueden superar los 10.000 dólares. Estas cantidades resultan especialmente llamativas cuando se tiene en cuenta quién realiza buena parte del trabajo que hay detrás de cada publicación científica. Los manuscritos de los artículos científicos son redactados por los propios investigadores, que, además han generado los datos y resultados que posteriormente serán publicados. Antes de su publicación, los trabajos pasan por el proceso de peer review, en el que otros especialistas del mismo campo, independientes de la editorial, examinan críticamente la calidad del trabajo, la solidez metodológica, la relevancia de sus resultados y su reproducibilidad. Este proceso constituye uno de los pilares fundamentales del sistema científico. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, los autores no solo deben pagar por publicar sus trabajos, sino que los investigadores que participan en su revisión tampoco reciben una compensación económica directa de las editoriales.El negocio editorial constituye una industria que mueve miles de millones de dólares al año. En sentido estricto la edición científica representa alrededor de 15.000 millones de dólares, mientras que si ampliamos la mirada al conjunto de los servicios asociados que pueden proporcionar las editoriales (bases de datos; herramientas de acceso; servicios para las universidades, etc.), el mercado alcanza aproximadamente los 30.000 millones. Y es un negocio que no deja de crecer: el número de publicaciones científicas ha aumentado a un ritmo del 5,6% anual, una tasa muy superior a la del crecimiento del número de investigadores. Además, se trata de un sector altamente concentrado en unas pocas editoriales. Cinco grupos, Elsevier (del grupo RELX, editor de The Lancet y Cell, entre otras), Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis y SAGE, concentran más de la mitad del mercado editorial académico. Elsevier, líder del sector, edita unas 3.000 revistas científicas. En 2025 publicó casi 800.000 artículos, generó unos ingresos de casi 4.000 millones de dólares, y obtuvo una rentabilidad operativa ajustada (margen de beneficio) cercana al 38%. Y no es un caso aislado: las grandes editoriales científicas presentan también márgenes de rentabilidad extraordinariamente elevados, en varios casos por encima del 30%. Para poner estas cifras en contexto, los dos grandes grupos editoriales españoles, Planeta y PRISA, presentan volúmenes de negocio de alrededor de 2.000 y 900 millones de euros, respectivamente, pero sus márgenes operativos son más reducidos, en torno a un 10% en el caso de PRISA. Aunque la comparación no es estrictamente homogénea, porque se trata de grupos con actividades y estructuras empresariales muy diferentes y no siempre publican las mismas magnitudes financieras, estas cifras permiten hacerse una idea de la elevada rentabilidad que puede alcanzar el negocio de la edición científica.¿Cuál es el coste real de publicar un artículo científico?Algunos estudios sitúan el coste de publicar un artículo científico aproximadamente entre 200 y 1.000 dólares. Sin embargo, los APC que pagan los autores pueden ser muy superiores, llegando a alcanzar los 12.850 dólares en revistas de máximo prestigio, como Nature, editada por Springer Nature. ¿A qué se debe esta enorme diferencia? ¿Es justificable un abanico de precios tan amplio? Las editoriales argumentan que los APC cubren, además de la producción y edición del artículo, las inversiones en tecnología e innovación, las medidas para garantizar la integridad científica, las mejoras en la experiencia del usuario y otros esfuerzos destinados a mantener unos elevados estándares de calidad. Todos estos servicios tienen un coste, pero difícilmente pueden explicar por sí solos las diferencias de varios miles de dólares entre unas revistas y otras.La pregunta es entonces por qué un investigador está dispuesto a pagar una cantidad tan elevada por publicar un artículo en open access en Nature La respuesta tiene poco que ver con el coste técnico de producir el artículo y mucho más con el valor que tiene para el autor publicar precisamente en esa revista. Publicar en una revista como Nature supone mucho más que poner un artículo científico a disposición de los lectores. Su extraordinario prestigio y altísima selectividad le proporcionan una enorme visibilidad dentro de la comunidad científica. Y, sobre todo, publicar en ella puede tener un impacto muy considerable en la carrera profesional del investigador, ya que estas publicaciones pueden resultar decisivas en procesos de contratación, promoción, financiación o evaluación. Desde el punto de vista económico, estamos ante una lógica similar a la de un bien posicional: su valor no depende únicamente de sus características intrínsecas o de su coste de producción, sino también de la posición, el reconocimiento y el prestigio que confiere. Un cuadro original de Wassily Kandinsky puede servirnos como analogía: su precio no guarda una relación directa con el coste de los materiales utilizados para pintarlo. Una parte esencial de su valor procede de su rareza, su autoría, la reputación del artista y el reconocimiento de su obra. Algo similar ocurre con una publicación en Nature o en otras revistas de alto impacto: su valor para el investigador no reside únicamente en el contenido del artículo, sino también en el reconocimiento y el prestigio que aporta haber sido publicado en ellas. Si publicar en una determinada revista tiene un elevado valor dentro del sistema de evaluación científica, los autores pueden estar dispuestos a pagar mucho más por publicar en ella.Y esto no afecta únicamente a los investigadores. También las instituciones científicas tienen fuertes incentivos para acumular publicaciones de sus investigadores en revistas de alto impacto. Algunos rankings universitarios internacionales, como el Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking), incorporan indicadores relacionados con la producción científica y, entre ellos, las publicaciones en revistas de muy alto impacto. De este modo, el prestigio de determinadas revistas se convierte también en un activo para universidades y centros de investigación. El mecanismo funciona, por tanto, en dos direcciones: los investigadores necesitan publicaciones de prestigio para avanzar en sus carreras, y las instituciones necesitan esas publicaciones para reforzar su posición y reputación. En este contexto, el precio que puede alcanzar una APC deja de estar determinado exclusivamente por el coste de publicar el artículo. Si publicar en una determinada revista tiene un elevado valor dentro del sistema de evaluación científica, los autores pueden estar dispuestos a pagar mucho más por publicar en ella.El volumen de publicaciones y los incentivos perversosPero existe también el fenómeno contrario. Hay editoriales y revistas mucho menos selectivas que cobran APC relativamente modestas, pero que pueden generar importantes ingresos gracias a la publicación de un volumen muy elevado de artículos. Si el sistema de evaluación premia el número de artículos publicados, más que su calidad, el incentivo es claro, publicar más, tanto para el investigador como para la editorial. El resultado es un crecimiento extraordinario de la producción científica, y con él, una pregunta inevitable: ¿estamos produciendo más conocimiento o simplemente más artículos? Cuando publicar se convierte en una condición cada vez más importante para progresar profesionalmente, el sistema puede generar incentivos perversos: fragmentación de resultados, proliferación de trabajos de escasa relevancia y estrategias para aumentar artificialmente el número de publicaciones. En los casos más extremos, estos incentivos pueden contribuir a malas prácticas e incluso al fraude científico, como ya hemos comentado en SP. Las publicaciones científicas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales no están expuestas necesariamente a los mismos tipos de prácticas dudosas o fraudulentas. Algunas pueden ser comunes a ambos campos, como el uso excesivo de autocitas, mientras que otras dependen de las características de cada disciplina y de sus métodos de investigación. En las ciencias naturales, algunas formas de mala conducta científica pueden manifestarse en la manipulación o fabricación de datos experimentales y en la falsificación de resultados. En las ciencias sociales también pueden darse estas prácticas, pero existen además problemas relacionados con la selección de resultados, la falta de transparencia metodológica o la interpretación sesgada de los datos. La naturaleza de determinadas investigaciones sociales, que a menudo incluye métodos cualitativos y enfoques interpretativos, puede dificultar la verificación de los resultados. Esto hace que la detección del fraude sea más complicada, ya que las conclusiones pueden depender en gran medida de la interpretación del investigador y no siempre pueden ser replicadas de la misma manera que en las ciencias naturales. A destacar:  las ciencias naturales tienen, en general, una tradición más acumulativa, en la que los nuevos trabajos suelen apoyarse explícitamente en un cuerpo de conocimiento anterior. Las ciencias sociales no tanto o mucho menos, algún autor o autora de moda no tiene por qué basarse en el conocimiento anterior para estar muy presente en las revistas académicas. Pero esta es una liebre que hemos soltado y no vamos a perseguir.El cuarto poderCon esto llegamos a la cuestión más importante. Como hemos visto, la publicación científica constituye un negocio de enormes dimensiones. Pero lo verdaderamente relevante no es cuánto dinero se mueve, sino el poder que puede generar el hecho de ocupar una posición tan central dentro del sistema científico. Porque quien controla los principales canales de publicación no solo participa en la difusión del conocimiento: también puede influir en las decisiones de los propios investigadores sobre qué y cómo investigar.Aquí encontramos un desequilibrio importante. Los científicos producen el conocimiento; otros investigadores lo evalúan, a menudo de forma gratuita; las instituciones públicas financian buena parte de la investigación y, sin embargo, unas pocas grandes empresas controlan una parte sustancial de los canales a través de los cuales ese conocimiento adquiere visibilidad, prestigio y valor. Las grandes editoriales científicas, y en particular aquellas que publican las revistas más prestigiosas, podrían considerarse, en cierto sentido, una suerte de “cuarto poder” dentro del sistema científico. En realidad, si queremos ser más precisos, no estaríamos ante un cuarto poder, sino ante un poder oligopólico de enormes dimensiones. No porque decidan qué conocimiento es verdadero, ni porque determinen directamente qué deben investigar los científicos, sino porque ocupan una posición privilegiada en el proceso mediante el cual determinados resultados alcanzan reconocimiento y visibilidad, mientras otros quedan en segundo plano.El problema surge cuando los criterios editoriales que hacen que un trabajo sea atractivo para una revista de alto impacto, como la novedad, la relevancia, la capacidad de generar atención o el interés para una audiencia amplia, empiezan a convertirse también en los criterios que los propios investigadores necesitan satisfacer para progresar en sus carreras profesionales. El sistema de publicación puede entonces favorecer determinados temas, metodologías o resultados frente a otros. Y eso tiene consecuencias. Puede perjudicar investigaciones menos espectaculares, como las que confirman un conocimiento establecido, las que reportan resultados negativos o los estudios descriptivos, todos ellos científicamente valiosos, pero menos llamativos que un descubrimiento novedoso o inesperado.Además, publicar en una revista de alto impacto puede condicionar el tipo de investigación que resulta más beneficiosa para la carrera del investigador. La publicación en revistas prestigiosas puede aumentar sus posibilidades de conseguir financiación, una plaza de profesor o de investigador, o una promoción en su centro de trabajo. De esta manera, lo que aparece como un criterio editorial acaba convirtiéndose en un incentivo profesional. Si para avanzar en su carrera los investigadores necesitan publicar en determinadas revistas, tendrán razones para orientar su investigación hacia aquello que estas revistas consideran publicable. Las editoriales científicas, por lo tanto, no necesitan decidir qué temas deben investigarse. Su poder deriva de su posición central en el sistema de publicación científica, desde la que pueden influir en buena medida en qué resultados llegan a las revistas más prestigiosas y, por tanto, en la propia actividad investigadora. De este modo, un sistema creado para validar y comunicar el conocimiento puede terminar influyendo, de hecho influyen como venimos afirmando, también en qué tipo de conocimiento recibe mayor reconocimiento. No necesariamente porque exista una decisión consciente de favorecer unos temas sobre otros, sino porque los incentivos del sistema pueden llevar a investigadores, instituciones y revistas a adaptarse progresivamente a aquello que el propio sistema recompensa.Hacia otro modelo de publicación científicaExisten distintas vías para transformar el sistema actual de publicación científica. Algunas proponen cambios en los sistemas de evaluación, otras buscan que la propia comunidad científica recupere parte de las funciones que hoy desempeñan las editoriales, y otras proponen nuevas formas de financiar, publicar o gobernar las revistas. Son propuestas de distinto alcance y grado de implantación, pero no necesariamente excluyentes entre sí.La primera de estas vías afecta a los sistemas de evaluación del profesorado y del personal investigador, es decir, a la forma en que se valoran y bareman sus publicaciones y demás méritos científicos, especialmente en los procesos de contratación, acreditación y promoción profesional. Como ya vimos en nuestro artículo anterior, desde la propia comunidad académica se están impulsando cambios en la forma de valorar la actividad investigadora. Un ejemplo es la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA). Esta iniciativa plantea dejar de utilizar métricas simplistas, como el número de publicaciones, y avanzar hacia una evaluación más rica, contextualizada y cualitativa. El objetivo es valorar la investigación por su rigor, su relevancia y su contribución real al avance del conocimiento. En la medida en que se reduzca el peso de la cantidad de publicaciones en la evaluación, podría favorecer que se publicaran menos artículos, pero más relevantes, y desincentivar tanto la práctica de publicar por publicar, como la proliferación de las revistas depredadoras.Un segundo nivel afecta a la propia comunidad investigadora y a su capacidad para organizar directamente la evaluación y comunicación de los trabajos científicos. Desde hace unos años, han aparecido iniciativas como la Peer Community In (PCI), que separa la actividad de publicación de la revisión por pares. En este modelo, es la propia comunidad científica la que asume buena parte de las funciones que tradicionalmente desempeñan las editoriales: selecciona a los especialistas que realizan las evaluaciones, coordina el proceso de revisión y emite las recomendaciones sobre los trabajos. Los informes y las recomendaciones están disponibles para el lector.  Si el artículo es recomendado, los autores pueden mantenerlo disponible públicamente como manuscrito evaluado, publicarlo en Peer Community Journal, que no cobra APC, o enviarlo a alguna de las revistas PCI-friendly, que han acordado tener en cuenta la evaluación de PCI, aunque pueden aplicar sus propias tasas de publicación. Además, PCI permite realizar la revisión por pares de un protocolo incluso antes de llevar a cabo la investigación; con ello, se busca reducir los sesgos y mejorar la reproducibilidad de los resultados. No obstante, este modelo tiene una implantación mucho menor que el sistema tradicional y requiere una considerable dedicación por parte de los investigadores.Un tercer nivel lo encontramos en modelos que no trasladan directamente el coste ni a los autores ni a los lectores. Uno de ellos es Subscribe to Open (S2O), que utiliza los presupuestos que las bibliotecas destinan a suscripciones para hacer accesibles los contenidos de una revista a todo el mundo, siempre que se alcance un determinado nivel de suscripciones por parte de las instituciones científicas. Otro es el Diamond Open Access, en el que tampoco pagan los investigadores por publicar ni los lectores por acceder a los contenidos: los costes se sostienen mediante una combinación de financiación institucional, procedente de universidades, bibliotecas, organismos públicos, sociedades científicas, entre otros agentes. En principio, S2O parece más fácil de introducir en el sistema actual, ya que aprovecha una fuente de financiación que ya existe: las suscripciones de las bibliotecas. En todo caso, ambos modelos podrían reducir la dependencia de los pagos por artículo y, eventualmente, el volumen económico del mercado editorial, pero no necesariamente la influencia y el poder de las grandes editoriales que controlan las revistas de mayor impacto. Aunque cambiara quién paga por publicar, estas editoriales seguirían ocupando una posición central en la selección de los trabajos, su visibilidad y reconocimiento y, a través de ellos, en los procesos de evaluación y promoción de los investigadores.Un cuarto nivel lo encontramos en las revistas propiedad de sociedades científicas. En estos casos, la editorial comercial puede encargarse de las tareas técnicas y de publicación, pero el control de la revista permanece en la propia comunidad científica. Un ejemplo es Molecular Biology and Evolution (MBE), propiedad de la Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE) y publicada por Oxford University Press (OUP). El Consejo (Council) de la sociedad es quien nombra al editor jefe, de modo que la sociedad científica mantiene el control sobre las decisiones editoriales, mientras que OUP se encarga de las funciones técnicas de publicación y producción. La revista cobra APC, pero la mayor parte de los ingresos revierte en la propia sociedad y se destina a financiar sus actividades, como congresos, ayudas de viaje, premios y otros programas para sus miembros. En este modelo, la editorial que presta los servicios de publicación no ocupa la misma posición de influencia y poder que una editorial comercial propietaria de la revista. Este caso muestra que es posible combinar una revista de alto impacto y acceso abierto con un modelo en el que la propiedad, las decisiones científicas y buena parte de los ingresos permanecen dentro de la comunidad investigadora.Estos cuatro niveles forman parte de una transformación más amplia de la comunicación científica que conecta con la Declaración de Barcelona sobre Información Abierta de Investigación, lanzada en 2024. La Declaración es un compromiso para promover que la información sobre la investigación, como los metadatos de las publicaciones, las referencias, las afiliaciones o la financiación, sea más abierta, accesible, reutilizable y transparente, y para promover infraestructuras gobernadas por la propia comunidad científica. En este sentido, DORA, PCI, S2O, Diamond Open Access y los modelos de revistas controladas por sociedades científicas apuntan en distintas direcciones hacia un mismo objetivo. En conjunto, estas iniciativas pueden contribuir a reducir los incentivos para publicar por publicar, favorecer una investigación de mayor calidad y disminuir la dependencia del sistema científico respecto de los mecanismos comerciales de publicación. No se trata únicamente de eliminar el pago por leer o por publicar, sino de avanzar hacia un ecosistema de comunicación científica en el que las publicaciones, la información que generan y las infraestructuras que las sustentan estén al servicio de la comunidad investigadora. Una tarea difícil pero indispensable: separar los negocios académicos, los incentivos perversos y las dinámicas de prestigio artificial de la honrada investigación científica.Julio RozasCatedrático de Genética de la Universidad de Barcelona. Director del grupo de investigación Genómica Evolutiva & Bioinformática. Premio Nacional de Genética (2023). Ha participado en la secuenciación y análisis de varios proyectos genómicos en animales y plantas, y ha desarrollado herramientas bioinformáticas para el análisis de la variabilidad del ADN. Es uno de los científicos más citados de las universidades del Reino de España con más de 57.000 citaciones en Google Scholar.  Daniel RaventósDoctor en Economía. Profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es presidente de la Red Renta Básica y editor de Sin Permiso.    Fuente:www.sinpermiso.info, 20-9-2026  

Boletín SciELO-México

04/10/2026

U.S.A. vs. CHINA: la guerra comercial ha impulsado las patentes chinas basada en su propia ciencia

Publicado en South China Morning Posthttps://www.scmp.com/news/china/science/article/3367792/us-sanctions-boost-chinas-science-driven-innovation-over-70-study-finds?share=t4pNdBD4e%2Bt0zbSGPP4WsTGfdL8TgBi2QQtGJsXWvjvpZcuk5h1GUv%2BMFmFRtYPceEkao6%2F6uGLT6fTlWWmvqNwgvyyoQnXvUtiVn1BswNs%3D&utm_campaign=social_shareLas sanciones de EE. UU. impulsan en más de 70% la innovación china basada en la ciencia, según un estudioLas restricciones tecnológicas estadounidenses han llevado a las empresas chinas a ampliar y profundizar el uso de fuentes de investigación científica mediante citas y trabajos de investigaciónHolly ChikPublicado: 18 de septiembre de 2026Las empresas chinas sancionadas por Estados Unidos recurren cada vez más a la investigación de acceso público para innovar y aplicar ingeniería inversa a tecnologías extranjeras restringidas, y las citas de literatura científica en sus solicitudes de patentes han aumentado un 72%, según un nuevo estudio.Aunque Estados Unidos afirmó que amplió su Lista de Entidades (Entity List) para proteger la seguridad nacional y preservar su ventaja tecnológica, un análisis de las solicitudes de patentes chinas durante los 12 años transcurridos hasta 2022 mostró que las restricciones estadounidenses al acceso a la tecnología habían llevado a las empresas chinas a recurrir ampliamente al conocimiento científico disponible públicamente y a realizar una mayor cantidad de investigación propia.«Nuestro análisis revela que las sanciones comerciales de Estados Unidos, como la Lista de Entidades, han generado consecuencias que los responsables de las políticas estadounidenses quizá no hayan previsto plenamente», escribieron los investigadores en un artículo sobre políticas publicado el viernes en la revista Science, sometida a revisión por pares.«Aunque obstaculizan las operaciones a corto plazo de las empresas afectadas, las sanciones también pueden catalizar el desarrollo de capacidades internas en estas empresas e impulsar cambios estratégicos, lo que potencialmente conduciría al surgimiento de sistemas tecnológicos separados que compitan con el actual ecosistema mundial de innovación, en lugar de integrarse en él», escribieron.«Esta adaptación estratégica de las empresas chinas frente a las restricciones externas se desarrolla en el contexto del creciente protagonismo de la ciencia empresarial en China, donde las empresas han venido profundizando su integración con la ciencia, como demuestra el aumento del número de patentes vinculadas con la ciencia y de publicaciones científicas».«Aunque la lista limita el acceso a tecnologías patentadas de origen estadounidense, las empresas chinas sancionadas no dejan de recurrir a la ciencia producida en Estados Unidos», señalaron los autores. Tras ser sancionadas, las empresas afectadas añadieron cerca de 0.99 patentes que citaban ciencia nacional, 0.27 que citaban ciencia extranjera no estadounidense y 0.2 que citaban ciencia estadounidense.Para examinar cómo los controles comerciales modifican la estrategia empresarial, investigadores de la Universidad de Shenzhen, la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Hong Kong analizaron un conjunto de datos a nivel empresarial de patentes chinas solicitadas tanto en China como internacionalmente entre 2010 y 2022.Descubrieron que las empresas chinas estaban cada vez más involucradas con la ciencia, tanto como consumidoras —al citar con creciente frecuencia publicaciones científicas en sus patentes— como en calidad de productoras, al generar un volumen cada vez mayor de publicaciones académicas.Wang Yanbo, autor del estudio y director asociado del Centre for Innovation and Entrepreneurship de la HKU Business School, afirmó que las restricciones comerciales estadounidenses estaban acelerando involuntariamente la autosuficiencia tecnológica de China.«Una vez que quedan excluidas de este sistema mundial de innovación dominado por Estados Unidos, tienen que reinventar la rueda», afirmó Wang.Además de recurrir a la ingeniería inversa, «detrás de toda tecnología existen determinados principios científicos. ¿Cuál es la mejor manera de investigar esos principios científicos? Leer artículos académicos.»Por eso estas empresas chinas están extremadamente motivadas para buscar en la literatura científica, incorporar esos conocimientos a la innovación e incluso producir ellas mismas conocimiento científico», señaló.«Siempre que se haga un esfuerzo suficiente y se tenga algo de suerte, se terminará inventando algo similar, algo que pueda utilizarse como sustituto de la tecnología estadounidense.»En esencia, lo que Estados Unidos ha estado haciendo es obligar a China a independizarse y desarrollar un sistema tecnológico separado».Los resultados mostraron que, entre las empresas afectadas, su inclusión en la Lista de Entidades de Estados Unidos provocó, en promedio, un aumento del 72% en las patentes vinculadas con la ciencia que citaban literatura académica.Mientras que las patentes chinas vinculadas con la ciencia se multiplicaron por 13.4, frente a un incremento de 1.3 veces entre sus homólogas estadounidenses, las empresas chinas siguen rezagadas respecto de las estadounidenses tanto en amplitud como en profundidad científica, según el análisis de las patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, USPTO).En 2022, el 37% de las patentes de empresas estadounidenses citaba literatura científica, frente al 22% de las patentes de empresas chinas. Además, entre las patentes vinculadas con la ciencia, las empresas estadounidenses citaban en promedio 17.5 publicaciones científicas por patente, frente a cinco en el caso de las empresas chinas.En cuanto a la publicación científica internacional, las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa mantuvieron una producción considerablemente mayor, al pasar de un promedio anual de 12 artículos en 2010 a 20 en 2021. En contraste, las empresas chinas que cotizan en bolsa produjeron un promedio de cuatro artículos internacionales en 2021, a pesar de que sus publicaciones internacionales se multiplicaron por 6.5.Por otra parte, China utilizó su dominio sobre la extracción y el procesamiento de tierras raras como un poderoso punto de estrangulamiento para contrarrestar las restricciones comerciales estadounidenses, afirmó Wang.«El gobierno estadounidense y algunas empresas de Estados Unidos han estado esforzándose mucho durante los últimos años para identificar cadenas de suministro alternativas y posibles tecnologías sustitutivas, así como para determinar si pueden desarrollar algún tipo de imanes sin materiales de tierras raras», señaló.«Todos estamos sentados en el mismo barco. Ahora estos dos gigantes están peleándose entre sí y sentimos que el barco comienza a balancearse. No nos sentiríamos cómodos».Si este desacoplamiento continuara hasta sus últimas consecuencias, advirtió Wang, surgirían dos ecosistemas tecnológicos separados: uno dominado por Estados Unidos y otro por China. «No estoy seguro de que esto sea lo que los responsables de las políticas estadounidenses realmente quieran ver».«Un cierto nivel de competencia es saludable para la producción y comercialización del conocimiento», afirmó. «Pero, al mismo tiempo, ¿realmente queremos ver una comunidad científica o de innovación mundial fragmentada? Probablemente no, porque eso significaría que el flujo de conocimientos se volvería muy ineficiente.»Sin embargo, desde el punto en el que nos encontramos hasta llegar a ese extremo existe una enorme distancia», añadió Wang. «China se ha convertido en uno de los principales productores de conocimiento científico del planeta. Eso también significa que trabajar con la comunidad científica china puede aportar muchos beneficios a Estados Unidos».………………………………………………ChinaScienceUS sanctions boost China’s science-driven innovation by over 70%, study findsUS tech restrictions have driven Chinese firms to expand and deepen their scientific research sourcing through citations and researchHolly ChikPublished: 18 Sep 2026US-sanctioned Chinese companies are increasingly turning to open-source research to innovate and reverse-engineer restricted foreign technology, with a 72 per cent surge in scientific literature citations in their patent applications, according to a new study.While the United States said it expanded its Entity List to safeguard national security and preserve its technological edge, an analysis of Chinese patent filings over the 12 years until 2022 showed that US restrictions on access to technology had driven Chinese firms to widely source publicly available scientific knowledge and conduct more of their own research.“Our analysis reveals that US trade sanctions, such as the Entity List, have generated consequences that US policymakers may not have fully anticipated,” the researchers wrote in a policy article published in the peer-reviewed journal Science on Friday.“Though hindering the targeted firms’ short-term operations, sanctions may also catalyse these firms’ development of internal capabilities and drive strategic shifts, potentially leading to the emergence of separate technological systems that compete with, rather than integrate into, the current global innovation ecosystem,” they wrote.“This strategic adaptation by Chinese firms under external constraints unfolds against the background of rising corporate science in China, where firms have been deepening their integration with science, as evidenced by the rising number of science-linked patents and scientific publications.”“Although the list limits access to US-origin proprietary technologies, sanctioned Chinese firms do not stop sourcing US-produced science,” the authors said. Following sanctioning, targeted companies added nearly 0.99 patents citing domestic science, 0.27 citing non-US foreign science and 0.2 citing US science.To examine how trade controls alter corporate strategy, researchers from Shenzhen University, Tsinghua University and the University of Hong Kong analysed a firm-level data set of Chinese patents filed domestically and internationally between 2010 and 2022.They found that Chinese companies were more engaged with science, both as consumers who increasingly cited scientific publications in their patents and as producers who generated a growing volume of academic publications.Study author Wang Yanbo, associate director of the Centre for Innovation and Entrepreneurship at HKU Business School, said US trade restrictions were inadvertently accelerating technological self-reliance in China.“Once they get blocked from this US-dominated global innovation system, they have to reinvent the wheel,” Wang said.In addition to reverse engineering, “underneath every technology there are certain scientific principles. What is the best way to look into the scientific principle? You read academic papers.“This is why these Chinese firms are extremely motivated to search the scientific literature, incorporate the knowledge into innovation and even to produce scientific knowledge by themselves,” he said.“As long as you make a sufficient amount of effort and have some luck, you are going to invent something similar, something that you can use to substitute the US technology.“Essentially what the US has been doing is forcing China to become independent and develop a separate technological system.”The findings showed that among targeted firms, placement on the US Entity List induced an average 72 per cent surge in science-linked patents that cited academic literature.While Chinese firms’ science-linked patents grew 13.4-fold compared to a 1.3-fold increase for US peers, Chinese companies still lag behind American counterparts in both scientific breadth and depth, according to analysis of patents granted by the United States Patent and Trademark Office.In 2022, 37 per cent of US firms’ patents cited scientific literature, compared to 22 per cent for Chinese firms. Furthermore, among science-linked patents, US companies cited an average of 17.5 scientific publications per patent, compared to five for Chinese firms.In international scientific publishing, US publicly listed companies maintained substantially higher output, rising from an annual average of 12 papers in 2010 to 20 in 2021. By contrast, Chinese listed firms produced an average of four international papers in 2021, despite a 6.5-fold growth in international publications.On the other hand, China used its dominance over rare earth mining and processing as a powerful chokepoint to counter US trade restrictions, Wang said.“The US government and some US firms have been trying really hard over the past several years to identify alternative supply chains and potential substitute technologies, and whether they can develop some kind of magnets without rare earth materials,” he said.“We are all sitting in the same boat. Now these two big guys are quarrelling with each other and we feel the boat is getting rocked. We would not feel comfortable.”If this decoupling continued to its extremes, Wang warned, two separate technological ecosystems would emerge – one dominated by the US and one by China. “I am not sure whether this is what the US policymakers really want to see.”“A certain level of competition is healthy for knowledge production and commercialisation,” he said. “But at the same time, do we really want to see a fragmented global scientific or innovation community? Probably not, because that means knowledge flow will become very inefficient.“However, from where we are to that extreme, the distance is huge,” Wang added. “China has become one of the leading scientific knowledge producers on this planet. That also means working with China’s scientific community can bring a lot of benefits to the US.”

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03/10/2026

[RANKING QS 2027] La UBA estoica, pero Argentina tiene la mayor caída en América Latina. Brasil domina en el tablero

Publicado en Latinometricshttps://www.linkedin.com/posts/latinometrics_la-universidad-p%C3%BAblica-de-argentina-activity-7508499978495909888-1YUg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAASNWr0B6uZYmZ6JAEMhmNPc8LSoRfkzW9YLa universidad pública de Argentina vuelve a liderar América Latina... pero Brasil sigue dominando la presencia académica más amplia de la región ↓ Gabriel TerraPuede que la selección de fútbol de Argentina no haya vuelto a levantar el trofeo de la Copa del Mundo, pero el país alberga la mejor universidad de América Latina por tercer año consecutivo.Las cifras más recientes no están nada mal para la Universidad de Buenos Aires (UBA), que hace apenas unos años ocupaba el noveno puesto de la región.Fundada en 1821 y ubicada en la capital nacional, la UBA es una universidad pública argentina que ofrece educación superior gratuita a más de 300 mil estudiantes en más de 110 programas de grado y 550 de posgrado.Con una comunidad de egresados que incluye a cuatro ganadores del Premio Nobel y 17 expresidentes argentinos, la UBA fue clasificada como la 84.ª mejor universidad del mundo en el QS World University Rankings 2027. En los últimos dos años, la UBA ha sido la única universidad latinoamericana en entrar en el top 100 mundial.Esto refleja la creciente ventaja competitiva de la institución frente a sus principales rivales regionales: la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC Chile), la USP - Universidade de São Paulo (USP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).También indica un aumento de la competencia en la educación superior a nivel mundial, especialmente por parte de las universidades asiáticas.Hace apenas dos años, la UBA compartía el top 100 de las mejores universidades del mundo con sus principales homólogas de Brasil y México.En ese entonces, la USP y la UNAM ocupaban, respectivamente, el primer y segundo puesto entre las mejores universidades de América Latina, en consonancia con las tradiciones brasileña y mexicana de excelencia académica.💌 la historia continúa... ****************************************************************Publicado en INFOBAEhttps://www.infobae.com/educacion/2026/10/01/por-que-las-universidades-argentinas-registraron-la-mayor-caida-de-america-latina-en-el-ranking-qs-segun-los-especialistas/?outputType=amp-typePor qué las universidades argentinas registraron la mayor caída de América Latina en el ranking QS, según los especialistasAunque la UBA se mantuvo entre las diez mejores de la región, 17 instituciones del país perdieron posiciones. Qué dicen los investigadores sobre el peso de la reputación académica, la investigación, la organización institucional y las restricciones de financiamientoPorMaria Eugenia Cazeneuve01 Oct, 2026 Actualizado: 01 Oct, 2026 La Argentina registró la mayor caída neta de América Latina en la nueva edición del ranking QS, con 17 universidades que perdieron posiciones, aunque la Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó el décimo lugar regional.Quacquarelli Symonds (QS), la consultora británica que elabora la clasificación, vinculó ese desempeño con las continuas restricciones financieras, aunque destacó fortalezas argentinas en reputación académica, reconocimiento entre empleadores y recursos docentes.“Las universidades argentinas siguen demostrando una reputación sólida en toda América Latina. La UBA mantiene su posición entre las instituciones líderes de la región y varias universidades logran avances notables”, señaló Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS. Sin embargo, advirtió sobre las “crecientes presiones sobre el sector”, los resultados más débiles en investigación y la tendencia general de descenso en la clasificación.Ranking QS: las diez principales universidades de América Latina y el Caribe para el año 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)La edición 2027 muestra luces y sombras del sistema de educación superior argentino: el contraste entre una institución que se mantiene en la élite y un sistema con resultados dispares.La clasificación reúne a 517 instituciones de 27 países de América Latina y el Caribe. Entre las 46 universidades argentinas incluidas, ocho mejoraron su ubicación y 20 se mantuvieron estables. La UBA fue la única del país dentro de las diez primeras.Ante la consulta de Infobae sobre esta nueva edición del ranking QS, Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, señaló que los resultados deben leerse como parte de procesos que exceden una sola variable. “Si los presupuestos caen, se hace más difícil retener a los mejores docentes”, afirmó.Los rankings combinan indicadores de investigación y condiciones de enseñanza con componentes de reputación que las instituciones construyen a lo largo de los años, por lo que una menor disponibilidad de recursos puede afectar esa percepción a futuro.La UBA sostuvo su posición regional con buenos resultados en cuatro indicadoresLa UBA mantuvo el puesto 10, que ocupa desde la edición 2025, y quedó segunda en América Latina en reputación académica y reputación entre empleadores. También figuró entre las diez mejores de la región en cuatro de los ocho indicadores de QS.La universidad avanzó del séptimo al cuarto lugar en impacto en la web y mejoró del puesto 26 al 21 en la relación entre docentes y estudiantes. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, sostuvo que el resultado “renueva nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”.“Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”, señaló Gelpi en un comunicado.La investigación expone una debilidad que va más allá de los resultados de un añoPara armar su tabla regional, QS pondera ocho variables vinculadas con el prestigio académico y laboral, las condiciones de enseñanza, la producción y el impacto científico, la formación doctoral, la presencia digital y la cooperación internacional.La principal fragilidad argentina está en la producción científica. Ninguna universidad del país figura entre las 50 primeras de la región en citas por artículo ni entre las 90 primeras en publicaciones por profesor. En ambos rubros, el promedio nacional quedó por debajo del regional.Julio César Durand, director del Doctorado en Educación Superior de la Universidad Austral, la institución privada de educación superior mejor posicionada de Argentina en el ranking, señaló a Infobae que el resultado actual debe leerse con cautela: QS considera períodos de varios años para medir publicaciones y citas, por lo que la clasificación recoge procesos previos.“Los períodos de desarrollo de la investigación y de las publicaciones son de varios años”, dijo Durand a Infobae. El especialista en reputación universitaria sostuvo que la debilidad de la producción científica universitaria también se relaciona con factores organizativos, como la escasez de docentes con dedicación exclusiva y la estructura de un sistema público masivo.En ese sentido, planteó que fortalecer las dedicaciones exclusivas y las carreras académicas puede ser una vía para mejorar la capacidad de investigación de las universidades. Advirtió, de todos modos, que las restricciones presupuestarias pueden incidir en esos indicadores a futuro.En el caso de la Austral, Durand atribuyó su desempeño sostenido a la continuidad de un modelo que combina educación personalizada, desarrollo de la carrera académica y contratación de profesores con dedicación. “Podemos ver desde hace varios años que se ubica como la mejor universidad de gestión privada del país en cuanto a su posicionamiento en esta tabla”, afirmó.El especialista también destacó que la institución encabeza la producción científica entre las universidades privadas argentinas y sostuvo que su estabilidad, junto con la de la UBA, contrasta con las variaciones que muestran buena parte de las casas de estudio del país en el ranking regional.Juan Pablo Carranza, subsecretario de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), destacó a Infobae: “El principal factor detrás de esta medición es el compromiso de toda la comunidad universitaria, que atravesada por una restricción de fondos muy agresiva, ha doblegado sus esfuerzos para sostener el funcionamiento de la institución”.En tanto, Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el CONICET, además de coautor del informe Presupuesto educativo nacional 2027 de Argentinos por la Educación, consideró que el efecto de las restricciones sobre las publicaciones y las citas se percibirá con mayor claridad en el mediano plazo.“No es solo una cuestión de financiamiento, pero sin financiamiento el deterioro es inevitable”, afirmó a Infobae. Curcio señaló que las universidades con mayor prestigio y trayectoria, como la UBA, tienen más capacidad para sostener su reputación, aunque advirtió que esa fortaleza puede erosionarse si no se revierten las condiciones que afectan a docentes e investigadores.El retroceso no fue uniformeEl vicerrector, Emiliano Yacobitti, destacó el compromiso con la universidad pública y de calidad, y vinculó la continuidad de ese desempeño con las condiciones de trabajo dentro de la casa de estudios. “Para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día”, afirmó. Y agregó: “Invertir en educación, en salud y en ciencia es invertir en el futuro y en el desarrollo del país”.La UNC fue una de las instituciones que avanzó en la clasificación: pasó del puesto 33 al 30 y se incorporó al grupo de las 30 primeras de América Latina.El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la UNC, explicó a Infobae que, “entre otros factores que acompañan el esfuerzo de docentes, nodocentes y estudiantes, y que explican el ascenso en el ranking se pueden mencionar la estrategia de la UNC para sistematizar y poner a disposición toda la información institucional, mediante su portal de transparencia, lo que facilita el proceso de medición. Además, la UNC tomó la decisión de priorizar la inversión, en buena medida con fondos generados por la misma institución, para sostener el sistema de ciencia y tecnología”.También mejoraron la Universidad de San Andrés, del 51 al 44, y la Universidad Nacional de San Martín, del 102 al 94, su mejor ubicación histórica.En sentido contrario, retrocedieron la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y las universidades nacionales del Sur y de Mar del Plata, entre otras.El panorama es distinto en las redes internacionales de investigación: la UBA ocupó el décimo lugar regional, la Universidad Nacional de La Plata quedó en el 32 y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el 43. Argentina también registró el mejor promedio entre los países más representados en la proporción de profesores por estudiante.La restricción de recursos se suma a los desafíos de organización e investigaciónQS vinculó el desempeño argentino con las restricciones financieras y advirtió sobre su efecto en salarios, investigación y retención de talento.Nistal coincidió en que el deterioro del financiamiento es relevante, aunque planteó que la clasificación también recoge reputación acumulada durante años. Según explicó, la menor disponibilidad de recursos puede complicar la retención de docentes y el sostenimiento de las condiciones necesarias para la actividad universitaria.El Gobierno nacional concentra buena parte de su presupuesto educativo en las universidades: para 2027, ese nivel absorbería el 80,1% de los recursos de la Secretaría de Educación. Como anticipó Infobae, el informe Presupuesto educativo nacional 2027, elaborado por Argentinos por la Educación, proyectó que la inversión nacional en Educación y Cultura llegará al 0,79% del Producto Interno Bruto (PIB) el año próximo, frente al 1,42% de 2023. Para 2026, el indicador se ubicó en el 0,77% del PIB, el menor registro en al menos dos décadas.Los recursos destinados a las universidades nacionales pasarían del 0,71% del PIB en 2023 al 0,53% en 2027, según el informe. Consultado sobre los resultados de QS y restricciones financieras, el economista Tomás Besada, coautor del informe sobre presupuesto educativo, señaló a Infobae que esa baja, cercana al 25% en relación con el tamaño de la economía, condiciona el funcionamiento de las universidades.“En ese contexto, es razonable pensar que sostener investigación, salarios, infraestructura y formación de recursos humanos se vuelve más difícil”, afirmó. Aclaró que la posición de la UBA en los rankings también responde a dimensiones que exceden el presupuesto, como la reputación académica, la trayectoria institucional y la producción científica.Besada indicó que para 2027 se prevé una variación real de apenas 0,3% para el presupuesto universitario respecto de 2026, después de años de caída. Sin embargo, advirtió que el nivel proyectado permanece por debajo de 2023 y no contempla una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.“La restricción al financiamiento de las universidades no destruye inmediatamente sus capacidades institucionales, dado el compromiso de su comunidad, pero las erosiona y limita a mediano plazo, dado que cada vez más miembros de la comunidad académica ven un horizonte menos comprometido fuera del ámbito de la institución”, indicó Carranza, de la UNC.En ese sentido, muchos de los especialistas coinciden en que los recursos son una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar la educación. “La discusión presupuestaria no debería centrarse únicamente en cuánto se destina a educación, sino también en la eficiencia y efectividad con la que esos recursos se transforman en políticas y resultados educativos”, planteó Besada. 

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02/10/2026

10 actividades para hacer un fin de semana en la biblioteca: ideas simples para crear comunidad

Un club de lectura o una tarde de juegos, existen propuestas sencillas que pueden convertirse en nuevos espacios de encuentro y participación.

Universo Abierto - Blog

02/10/2026

Zuckerberg plantea su visión de la “superinteligencia personal”: IA abierta, distribuida y accesible para todos

Zuckerberg, Mark. “AI’s Biggest Risk Is One Entity With Too Much Control.” Axios, 10 de agosto de 2026. MANIFIESTO Mark Zuckerberg presenta en este manifiesto una visión marcadamente optimista sobre el futuro de la inteligencia artificial. Su argumento central es que el principal peligro no sería necesariamente que la IA alcance capacidades extraordinarias, sino que…